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$1.000 millones adicionales del FMI ponen más el foco sobre gasto tributario
junio 13, 2025

Expertos destacan que la ampliación a 5.000 millones refleja respaldo al Gobierno de Noboa, pero advierten que el cumplimiento de las condiciones, como focalizar subsidios y racionalizar exenciones fiscales, será clave para sostener la estabilidad macroeconómica.

POR: Juan Camilo Escobar

La reciente decisión del Fondo Monetario Internacional (FMI) de ampliar en 1.000 millones de dólares su programa crediticio con Ecuador, elevando el total a 4.000 a 5.000 millones hasta 2028, representa una muestra de respaldo al Gobierno del presidente, Daniel Noboa, pero con la necesidad de cumplir condiciones ya establecidas en mayo de 2024, como el incremento de la racionalización del gasto tributario, reducción progresiva de subsidios a los combustibles, y transparentar las cuentas de dineros públicos, señalaron dos especialistas consultados por Ecuador Chequea.

El economista Jorge Calderón interpretó la decisión del FMI como “un voto de confianza” al enfoque de reformas del Gobierno de Noboa. “Dado que tiene mayoría en la Asamblea, se facilitará la aprobación de leyes necesarias para mejorar los ingresos y la eficiencia del gasto público”, señaló.

Calderón destacó que el nuevo desembolso, además de ser un alivio frente a la dificultad de acceder a mercados internacionales debido al alto riesgo país, también compromete al gobierno a avanzar en reformas aún pendientes. “El FMI exigirá seguir cumpliendo con medidas como la optimización del gasto, la mejora en seguridad social y la focalización de subsidios”, sostuvo.

“Aún hay tarea pendiente en seguridad, compras públicas, reducción de tramitología pública y ejecución presupuestaria”, comentó Calderón.

Consideró que el nuevo tramo del crédito “refleja confianza en el enfoque reformista del Gobierno”, respaldado por una mayoría legislativa que ha facilitado la aprobación de reformas estructurales. “La confianza del FMI responde a que el país está cumpliendo. Pero la ampliación del crédito viene con condiciones, como mejorar la eficiencia del gasto, focalizar subsidios y optimizar el sistema de compras públicas”, señaló.

Para el economista Santiago García, la ampliación del crédito “es consistente con el programa económico que sigue Ecuador con el FMI” y refleja que el país ha venido cumpliendo con los compromisos asumidos desde la firma del acuerdo inicial en mayo de 2024. 

REFORMA TRIBUTARIA

Además de los compromisos asumidos por el Gobierno con el FMI, el país todavía tiene la tarea pendiente de realizar una reforma tributaria integral, que optimice la recaudación existente y no se limite, como ha ocurrido en años recientes, a crear ingresos ocasionales.  En este sentido García destacó que persiste en racionalizar el denominado gasto tributario, en el que se incluyen beneficios y exenciones fiscales otorgados a empresas por invertir, por estar en zonas especiales, o por otras razones. García citó estadísticas oficiales de que este gasto, en 2023 alcanzó los 5.776 millones de dólares, casi el 5% del PIB. 

“Esperemos que la nueva propuesta de reforma tributaria sea de largo plazo, de manera que se replantee la estructura tributaria con una visión de al menos cinco años. La inseguridad jurídica que se genera o se percibe es producto de los constantes cambios en la normativa: todos los años hay reformas tributarias, y no existen reglas claras para que las empresas puedan prever su comportamiento fiscal”, comentó Calderón.

SUBSIDIOS AL DIÉSEL

Ambos expertos coincidieron que entre los compromisos claves del acuerdo figura el desmonte de subsidios, estimados entre 1.500 y 2.000 millones de dólares anuales. 

“Ya se liberalizó el precio de la gasolina corriente y se eliminaron subsidios al diésel para el sector atunero. Ahora se avanza hacia una focalización del subsidio al transporte, que debe manejarse con cautela para evitar efectos inflacionarios”, explicó García.

“Por eso, en el tema del subsidio al diésel, el Gobierno será más cauteloso, ya que está vinculado al transporte de pasajeros y de carga, y eso es más delicado”, agregó García.

Calderón coincidió en que “la racionalización de los subsidios es esencial para reducir el déficit fiscal estructural” y señaló que el respaldo del FMI implica un seguimiento cercano a ese proceso.

“Para el FMI, Ecuador debe optimizar el uso de sus recursos públicos. El gasto en subsidios ha distorsionado la economía y debilitado la capacidad del Estado para priorizar la inversión social focalizada”, dijo Calderón. Agregó que uno de los componentes claves de las reformas es el fortalecimiento del registro social para identificar con precisión a los beneficiarios de subsidios, un enfoque que el Fondo ha promovido en otros acuerdos en América Latina.

EL ACUERDO

El nuevo monto acordado por el FMI fue alcanzado a nivel técnico tras una misión en Quito del 19 de mayo al 10 de junio, como parte de la segunda revisión del acuerdo suscrito en 2024. El incremento está sujeto a la aprobación del directorio del FMI y al respaldo financiero de socios multilaterales.

En su comunicado oficial, el FMI destacó los “avances significativos” del Gobierno ecuatoriano, a pesar de una recesión del 2% del PIB en 2024, causada por una crisis energética que obligó a racionamientos de hasta 14 horas diarias y por un repunte sin precedentes en la violencia criminal.

Según el organismo, las autoridades ecuatorianas cumplieron todos los criterios de desempeño cuantitativo hasta diciembre de 2024, y los datos preliminares indican que también podrían alcanzar los de abril de 2025. Entre los hitos, el FMI mencionó el incremento de los ingresos no petroleros, la eliminación parcial de subsidios y el superávit récord de la balanza por cuenta corriente.

“El programa revisado de las autoridades también impulsará el apoyo financiero adicional de los socios multilaterales”, sostuvo Patrizia Tumbarello, jefa de misión del FMI para Ecuador.

Según el FMI, las reformas impulsadas por Noboa contribuirán a proteger la dolarización, fortalecer la estabilidad macroeconómica y apoyar una economía más inclusiva. El organismo también instó a mantener la protección social para grupos vulnerables, mediante registros más precisos para focalizar subsidios.

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